La Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) organizó el conversatorio “Diálogo por el Bienestar Territorial: experiencias desde Río de Janeiro y Chile”, con el objetivo de compartir experiencias recientes en políticas públicas territoriales, presentar la Matriz de Bienestar Humano Territorial como herramienta de análisis, y fomentar vínculos con organizaciones chilenas enfocadas en desarrollo urbano, inclusión y seguridad.

El evento contó con la participación de María José Naudon, decana de la Escuela de Gobierno UAI; Naim Bro, académico de la misma escuela; Paola Siclari, consultora internacional del sistema de Naciones Unidas; Luis Valenzuela, director del Centro de Inteligencia Territorial UAI; y Ruth Jurberg, urbanista social y funcionaria del Gobierno del Estado de Río de Janeiro.

En su intervención, María José Naudon se refirió a los desafíos que enfrenta Chile en materia de integración territorial, particularmente en torno a los campamentos y tomas urbanas. Señaló que los temas de seguridad y vivienda aparecen como prioritarios en los ciclos presidenciales, y destacó la necesidad de armonizar distintas necesidades sociales para lograr un desarrollo sostenido del país.

Naudon planteó que en Chile la pobreza está segregada territorialmente, lo que dificulta la empatía y la cohesión social. En este contexto, enfatizó la importancia de contar con herramientas de análisis basadas en datos que permitan diseñar políticas públicas más efectivas. “La recuperación del control territorial exige generar confianza y tomar decisiones con evidencia. La equidad territorial es un eje central para la Escuela de Gobierno”, indicó.

Posteriormente, Ruth Jurberg, urbanista social con más de 40 años de trabajo en comunidades informales del Estado de Río de Janeiro, presentó el programa Ciudad Integrada, una política pública que interviene en las favelas de Río de Janeiro.

“El objetivo es integrar los barrios formales e informales a través de inversiones en infraestructura, servicios básicos, seguridad, economía local y participación directa de la comunidad”, explicó Jurberg.

El programa se organiza en torno a seis ejes estratégicos: infraestructura, seguridad, desarrollo social, economía, transparencia y diálogo. Para cada territorio intervenido, se abre una oficina comunitaria que canaliza inquietudes, recoge propuestas y facilita el contacto directo con las instituciones. “Todos los proyectos que realizamos nacen desde estas oficinas. Escuchamos a la comunidad, entendemos sus problemas, y desde ahí construimos soluciones”, señaló.

Entre los proyectos ejecutados se cuentan la renovación de escuelas, bibliotecas, centros deportivos, plazas, servicios de salud, espacios culturales, lavaderos comunitarios y la instalación de un servicio de atención médica de urgencia (Samu). “Queremos que la calidad de lo que ofrecemos sea la misma que existe en los barrios acomodados”, afirmó.

Además, el programa incorpora componentes sociales con enfoque en género, empleabilidad y juventud. “Si no trabajamos con capacitación, con la autonomía de las mujeres, especialmente madres solteras, y con oportunidades para los jóvenes, no rompemos el ciclo”, sostuvo y agregó que “en las obras trabaja gente del mismo territorio. La favela participa activamente en su transformación”.

Jurberg también destacó la importancia de intervenir con enfoque territorial, asegurando que los servicios y espacios públicos estén disponibles dentro del propio barrio. “En Chile vi zonas bien mantenidas, pero con falta de equipamientos públicos cerca. Nosotros trabajamos para que las personas tengan acceso caminando, sin necesidad de trasladarse lejos”.

En relación a la construcción de confianza, fue enfática: “Yo soy funcionaria del Estado hace más de 40 años. La comunidad me conoce, sabe por qué estoy ahí. No venimos con promesas, venimos con trabajo sostenido. La confianza se gana con años de presencia”.

Finalmente, valoró la herramienta desarrollada por el Centro de Inteligencia Territorial UAI: “Lo que están haciendo con la matriz es muy importante. Nosotros trabajamos sin registro, sin memoria institucional. Los datos permiten sostener el trabajo en el tiempo, permiten que no se olvide lo que ya hicimos”.

Luis Valenzuela, director del Centro de Inteligencia Territorial (CIT) UAI, presentó la Matriz de Bienestar Humano Territorial, una herramienta de análisis desarrollada a solicitud de varios gobiernos regionales de Chile, orientada a medir condiciones de bienestar a escala local.

“La matriz surge hace tres años con el propósito de expandir el análisis territorial más allá de Santiago, y llevarlo a todas las ciudades y entornos rurales del país”, explicó Valenzuela. “Hoy contamos con 18 indicadores parametrizados que permiten comparar comunas y regiones bajo criterios estandarizados”, sostuvo.

El sistema se construye sobre tres dimensiones: ambiental, socioeconómica y de seguridad, y opera con datos desagregados a nivel de manzana. Según Valenzuela, el foco está en identificar el grado de acceso real de las personas a bienes y servicios públicos esenciales: “Medimos la accesibilidad a áreas verdes, equipamiento deportivo, servicios de salud, educación y transporte. El bienestar no se define por la infraestructura existente, sino por la oportunidad efectiva de acceder a ella”.

Uno de los desarrollos más recientes de la plataforma es un simulador territorial que permite proyectar intervenciones sobre el espacio urbano y visualizar sus efectos. “Es una herramienta dinámica, que democratiza el análisis y facilita la toma de decisiones fundamentadas”, afirmó.

Valenzuela también se refirió a la heterogeneidad de necesidades a nivel local: “a través del trabajo con distintas comunidades hemos aprendido que las prioridades de bienestar son muy distintas entre territorios. No podemos aplicar una sola fórmula. La herramienta está pensada para adaptarse a esa diversidad”.

Actualmente, el CIT está trabajando en incorporar la variable de campamentos dentro de la matriz. “Queremos llevar esta capacidad analítica también a los asentamientos informales, que hoy quedan fuera de muchos sistemas de evaluación pública”, comentó.

El conversatorio permitió establecer vínculos entre experiencias locales e internacionales, y reforzó la importancia de integrar conocimiento técnico, participación comunitaria y visión territorial en las decisiones de política pública.

Los aportes de los expositores coincidieron en la necesidad de avanzar hacia estrategias de integración urbana adaptadas a las realidades locales, con enfoque equitativo, participativo y basado en datos.